La reunión de la comisión ha tenido lugar esta mañana en la sala Alfred Perenya.

La Comisión para la Contratación Responsable debate el borrador de la nueva Guía de la Contratación Pública Social

Se incorporan nuevas cláusulas que amplían y clarifican su aplicación en los contratos que hace el Ayuntamiento

Se incorporan nuevas cláusulas que amplían y clarifican su aplicación en los contratos que hace el Ayuntamiento

Esta mañana se ha reunido la Comisión para la Contratación Responsable del Ayuntamiento de Lleida, para debatir sobre el borrador de la nueva Guía de la Contratación Pública y Social, que se aprobó en 2018. Ahora se revisa para actualizar el documento de acuerdo con los cambios normativos que se han producido y con las propuestas planteadas por los miembros de la comisión para mejorar su funcionamiento.

La teniente de alcalde y concejala de Presidencia, Jordina Freixanet, ha presidido la sesión en la que también han participado el resto de los miembros de la Comisión, en representación de entidades del tercer sector, sindicatos, patronales, grupos municipales y del personal técnico del Ayuntamiento.

Freixanet ha destacado la meta que supuso la aprobación de la Guía hace cuatro años y ha señalado que ahora se trata de actualizar el documento precisando algunos aspectos para que su aplicación sea más sencilla y efectiva.

Entre las cuestiones que se han incorporado se encuentran mejoras en las cláusulas de estabilidad laboral y de calidad en el empleo, en las de prevención de riesgos y salud laboral, subcontratación, igualdad de género, inserción laboral de los centros especiales de trabajo, contratación pública ética, transparencia fiscal, cláusulas ambientales y alimentarias, entre otros.

El Ayuntamiento de Lleida fue uno de los primeros consistorios catalanes en aprobar la Guía de la Contratación Pública Social, en octubre de 2018. A raíz de la creación de este documento, se han incluido nuevas cláusulas en las licitaciones y contratos municipales, en cuestiones como la estabilidad laboral y la calidad en el empleo; la igualdad de género; la inserción laboral; la compra pública ética; la transparencia fiscal; el Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa (PYME); y cláusulas ambientales.